FORTALEZA Y DEBILIDAD

EDUARDO VAN DER KOOY

El tumor en la tiroides de Cristina Fernández se convirtió en un instante impertinente e inoportuno de la democracia argentina. Impertinente porque ninguna advertencia en la salud de un jefe de Estado, por más que sea bien superada, deja de tener secuelas políticas, a mediano o largo plazo. Inoportuno, porque la Presidenta llevaba recién unas pocas semanas desde su reasunción y parecía orientada a intentar cambiar algunas distorsiones del modelo económico (el gasto público y la parva de subsidios), y a empezar a darle forma a su sistema político plagado de contradicciones y apuntalado, sobre todo, sólo en su propia popularidad.

No quiere decir aquel contratiempo que la agenda no pueda volver a cobrar vigencia. Pero parece claro que la salud presidencial, como sucedió también con Néstor Kirchner, podrá terminar de convertirse en el tema político relevante del año que acaba de empezar.

Llama la atención la proliferación de enfermedades de este tipo, con diferentes grados de seriedad, en mandatarios de la región. Se pueden mencionar los casos de Hugo Chávez o Fernando Lugo, aún en ejercicio del poder. O los de Dilma Rousseff y Lula Da Silva, aquejados de cáncer en otras circunstancias. La mandataria brasileña cuando recién había sido designada candidata. El ex mandatario cuando ya había abandonado el Planalto.

Podrían realizarse innumerables conjeturas sobre las razones de ese fenómeno. Sin dudas, una de ellas, las presiones constantes a que viven sometidos los mandatarios. Justamente, por esa razón, adquiere muchísimo valor la solidez de los sistemas políticos, la plena vigencia de lo institucional.

América Latina no es, en ese sentido, ningún ejemplo. Chávez y Lugo, por caso, resistieron siempre delegar el poder a raíz de los conflictos con sus vicepresidentes. El caudillo de Caracas envolvió su enfermedad con misterios y nunca aclaradas reclusiones en La Habana. Tampoco se conoce con precisión la gravedad de su enfermedad. Habrá que admitir que, dentro de la desgracia, el destino le dio una mano a Cristina y al país: ¿Qué habría ocurrido si aquel tumor de tiroides se hubiera manifestado cuando Julio Cobos era su vicepresidente? No hace falta ser creativos para imaginar un desquicio.

El azar, de todas formas, no podría resolverlo todo. Cristina dejó el Poder Ejecutivo en manos de Amado Boudou, vicepresidente y hombre de confianza. Pero Boudou tampoco es representativo ni confiable para muchos sectores que integran el mosaico kirchnerista. Sectores sindicales y peronistas, y hasta dirigentes de La Cámpora, por citar algunos.

El tránsito de Boudou será corto, y es muy probable que a su regreso Cristina pueda exhibir índices de popularidad incluso superiores a los de ahora. Nunca habría que olvidar que las desventuras personales en ejercicio del poder, de las cuales el peronismo tiene una vastísima historia, suelen potenciar la figura de los gobernantes. Removiendo la historia fresca, se constata cómo la súbita muerte de Kirchner catapultó electoralmente a Cristina.

La Presidenta exhibe ante las adversidades un envidiable manejo de la oratoria y la imagen. Su campaña electoral estuvo centrada en el concepto de la palabra "fuerza".Y ella le supo dar un sentido adicional sobrellevando su viudez y ocupándose de las cuestiones de Estado.

Cristina repite lo que ha impuesto el peronismo: el sentido de la providencialidad. Ella se ha encaramado por encima de todo lo demás. Y exacerbó la concentración del poder y las decisiones más aún que Kirchner. De ese estilo hizo una fortaleza hasta hoy inexpugnable. Que atemoriza incluso a la oposición. En ese estilo radica también de modo paradójico –lo demuestra su trastorno de salud– su propia debilidad.

La misma gestión, pero otros gobernantes

OSCAR BERTONE

Con un ritmo de trabajo frenético, las administraciones socialistas en la provincia y en la ciudad transcurrieron las primeras semanas de gobierno. Ni Antonio Bonfatti ni Mónica Fein perdieron el tiempo, y sortearon con notable cintura política sendas amenazas.

La posibilidad de que María Eugenia Bielsa llegara a la presidencia de la Cámara de Diputados de la Provincia no era lo que más le gustaba al gobernador electo.

La derogación de lo que la prensa llamó "superpoderes" de Mónica Fein, no era una pugna por mantener la facultad que había sido votada unos días antes por el Concejo, sino un problema de autoridad política. Fein no podía debutar en el cargo con una derrota.

Es insólito el "armado" político de los socialistas. Llevan más de veinte años en el gobierno de la ciudad. Las últimas elecciones las han ganado incontrastablemente, el intendente saliente se retira con más de un 60% de aprobación… pero no pueden, o no saben, consolidar una mayoría propia en el Concejo Municipal.

Y en el ámbito provincial, a pesar de que transitan su segundo mandato, y de que Hermes Binner dejó la gobernación con el más alto nivel de aceptación conocido para un funcionario que se retira, retroceden en representación parlamentaria.

Esos problemas con los cuerpos legislativos obligaron al gobernador y a la intendenta electos a demostrar su capacidad de negociación política. Salieron airosos.

Con la autoridad consolidada, la maratónica sucesión de reuniones de Bonfatti y Fein con dirigentes de distintas entidades representativas, comenzando por el sindicalismo, consiguió marcar una impronta: hay una continuidad de gestión, pero los gobernantes son otros.

Ambos están interesados en reformular la relación con el gobierno nacional. Mucho de lo que se ha hecho en la provincia y en la ciudad tiene un techo. El mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes supone, paradójicamente, un aumento en las demandas.

Ya no se trata de inaugurar centros de salud, o de mejorar la situación en la educación, en los hospitales y en la Justicia. Bastante se hizo. Pero los requerimientos se centran ahora en lo más costoso de la infraestructura de una región: terminar cinco hospitales de gran tamaño, acueductos de una envergadura desconocida en nuestro territorio, sistema de transporte electrificado, automatización de autopistas, rediseño de los ingresos a la ciudad, playas de estacionamiento subterráneas, reactivación ferroviaria… y conseguir no menos de 20.000 soluciones habitacionales.

Demasiado para una provincia, por más que se trate de Santa Fe.

Cuando en el fin de año el gobierno nacional decidió financiar las deudas de varias provincias, con una tasa del 6% anual y una devolución a 20 años, la nuestra tuvo que conformarse con el reclamo plañidero de siempre: nos segregan porque no compartimos el mismo espacio político.

El argumento es un arma de doble filo. También Reutemann, si se permite el exabrupto, se jactaba de no haber contraído deudas ni haber emitido bonos, pero tenía a sus docentes en conflicto permanente, a sus jubilados sumergidos y a la provincia con un atraso en toda su infraestructura que todavía no se terminó de conjurar.

Porque tanto en el ámbito privado como en el público, no contraer deudas no es siempre un sinónimo de buena gestión ni de crecimiento.

La mayoría de los santafesinos defiende el tipo de gobierno que votó, saluda la renovación que significó el socialismo, respeta a sus dirigentes y les confirmó en las urnas la confianza.

Eso obliga a reenfocar aquellas cosas que limitan el desarrollo. La campaña terminó. La gestión continúa, pero los que gobiernan son otros, y los tiempos también.

De los reportajes a los flamantes funcionarios que ofrecemos en esta revista se desprende que están interesados en acelerar las reformas institucionales. Bonfatti insistirá con la reforma constitucional; Fein no descartó recurrir al sistema de consulta directa a la población si el cuerpo deliberativo local insiste en trabarle iniciativas estratégicas.

Eso puede oxigenar la gestión, pero no garantizará los recursos que la provincia y la ciudad necesitan para consolidar una transformación ambiciosa, plebiscitada en las urnas.

La habilidad política que mostraron para sortear las primeras dificultades quizás sirva de entrenamiento para el objetivo mayor: un diálogo más fructífero con el gobierno central.

Es el imperativo político de la hora.