Cristina y le poder real

EDUARDO VAN DER KOOY

La dimensión del triunfo con el cual Cristina Fernández obtuvo la reelección, no alcance, tal vez, a develar las características del sistema político sobre el cual descansará la Presidenta en sus primeros tiempos del nuevo mandato.

Cristina se impuso con el mayor porcentaje de votos y la mayor diferencia con la primera minoría, el FAP de Hermes Binner, desde la reconquista democrática de 1983. Venció en todas las provincias, salvo en San Luis, en todos los distritos de Buenos Aires, con excepción de Rivadavia, en todas las grandes ciudades, salvo Rosario, y en la mayoría de los barrios porteños, sin contar Palermo, Recoleta, Núñez, Belgrano y Colegiales. La descripción resulta por demás elocuente.

Esa victoria traducida en una marea de votos, pareciera apuntalada por otro par de circunstancias. El fracaso de la oposición, circunscripta casi a un nivel testimonial, que abre interrogantes sobre su próximo papel en el Congreso. El lento avance del peronismo y su capacidad abarcativa (casi el 70% del electorado) hacia la consolidación como partido-movimiento dominante con un anclaje poderoso en el Estado.

Cristina arrancará en diciembre el tercer período de la era K con ese panorama envidiable para cualquier mandatario. Aunque no habría que olvidar que el material más importante de esa fuerte construcción política (el 54% de los votos) suele ser también el mas volátil. La Presidenta lo comprobó en el 2007, cuando en pocos meses se descapitalizó por el conflicto con el campo.

El tiempo que le aguarda, de todos modos, resulta en esencia distinto al que pasó. Admitamos, sin contar el impacto de la súbita muerte de Néstor Kirchner, que la bonanza económica y la presencia activa de un Estado asistencialista, fueron clave en la enorme victoria. El contexto internacional ha cambiado con la crisis, y habría que mirar con atención, en especial, la desaceleración de Brasil y China. Cristina no dispondrá, en los próximos tiempos, de los excedentes que le permitieron políticas expansivas. De hecho, aun antes de reasumir, la Presidenta tomó el camino de un ajuste progresivo del gasto con el recorte a los subsidios. Hay además cuestiones de índole interna –la inflación– que distorsionan el funcionamiento de la economía y comienzan a transmitir marcada intranquilidad en sectores sociales y en los mercados financieros. En ese campo el Gobierno reaccionó, en principio, atacando las consecuencias y no las causas del fenómeno.

El nuevo tiempo de Cristina mostrará también una mutación en el terreno político. Ya estaría insinuada: del antiguo kirchnerismo, construido por el ex presidente a partir del 2003, a la nueva coalición cristinista. Esa coalición tiene todavía endebles visos de novedad: La Cámpora, una de sus bases, sumó siete diputados nacionales, 15 legisladores provinciales y concejales en varios puntos del país.

Esa coalición cristinista, amén de conservar a los K, deberá de modo ineludible mantener las alianzas con gobernadores e intendentes del peronismo ortodoxo. Daniel Scioli, en Buenos Aires, sería el primero de ellos. El gobernador quedó fortalecido con una elección en la cual cosechó en ese distrito casi la misma cantidad de votos que Cristina. Scioli ha sido en este ciclo muy leal al matrimonio Kirchner. Pero la mayoría de los viejos peronistas son en esta instancia tan cristinistas como lo fueron antes duhaldistas o menemistas.

Cristina estará obligada a tener la ductilidad suficiente para que ese mosaico heterogéneo no se disperse y le sirva para cimentar su segundo período de gobierno. El peronismo clásico estará junto a ella mientras las cosas marchen bien. Si así no ocurriera, se metería de lleno en la discusión sucesoria. El sindicalismo, con Hugo Moyano o sin él, se comportará de manera similar. La Presidenta cuenta en el arranque con la incondicionalidad de aquella coalición propia, nutrida también con algunas organizaciones sociales. Una construcción con pocos centros de gravedad que despierta dudas sobre su verdadera capacidad de fuego o de resistencia frente a posibles épocas menos benignas que las actuales.

Fantasmas del viejo pasado

OSCAR BERTONE

Tres discusiones que tomaron estado público no parecen conectadas pero en algún punto lo están. Una "agrupación de vecinos" intenta frenar un concurso de ideas convocado por la provincia para darle un destino a los terrenos del ex Batallón 121 en la zona sur.

Otra propuesta, esta vez desde el Concejo Municipal, pretende que cada vez que se construya un edificio en la ciudad se haga un estudio de impacto ambiental que debería pasar por el control del cuerpo.

Una tercera pertenece a un grupo de jóvenes que propone se expropien vastas extensiones de tierra de la zona no-roeste, emergentes de las obras de canalización de arroyos y derivadores que fueron responsables de devastadoras inundaciones en otras épocas, y que ahora estarían prácticamente conjuradas.

En algún punto –decíamos– las tres iniciativas confluyen. Porque se dan en un momento donde cierta disponibilidad de recursos, públicos y privados, están dando un nuevo impulso a una ciudad cuyo déficit habitacional sigue siendo alarmante y necesita del concurso más amplio posible de actores y de políticas audaces y "hacia adelante".

Justamente, este tipo de trabas no parecen transitar ese camino. Que la agrupación de vecinos de la zona sur esté fogoneada por un abogado que ya varias veces, utilizando el recurso de la ley 10.000 de Intereses Difusos, intentó frenar obras que significaron un enorme avance para la ciudad, no puede ser casualidad. El mismo mecanismo se usó, hace varios años, para trabar las concesiones sobre la costa central, concesiones que una vez puestas en marcha significaron la recuperación, por ejemplo, de la zona costera que va desde la calle Pte. Roca hasta Dorrego, transformada ahora en uno de los paseos públicos más bellos de Rosario.

Costó mucho en ese momento, en plena campaña electoral, conseguir que aquel proyecto público/privado no sucumbiera en el laberinto de intereses políticos llevados a los estrados judiciales con la pretensión de la defensa de los supuestos intereses de los denominados "vecinos del Parque España", una fantasmática agrupación que no representaba a nadie, y menos a quienes a la postre resultaron los principales beneficiados por la revalorización de sus inmuebles, esto es, los linderos a las obras que vieron transformarse el paisaje de viejos edificios del ferrocarril en ruinas, en modernos bares y restaurantes, circundados por un parque más cuidado que cualquier otro de la ciudad.

Uno de los concejales que intentó frenar aquella ejemplar iniciativa, y no puede ser casual, ahora vuelve con otra idea supuestamente innovadora: propone que cada vez que se levante un edificio, se debe aprobar un estudio de impacto ambiental para definir la influencia de la torre sobre los espacios lindantes. Sería algo de sentido común, si no fuera porque las reglamentaciones vigentes ya dan el derecho a los vecinos a oponerse, siempre y cuando haya una lógica.

¿Quién puede oponerse a verificar “la estimación de los efectos sobre la población humana, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje y los flujos de energía y materia, incluyendo los servicios y el flujo vehicular, en función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada”, según fundamenta el edil? En rigor, nadie; y el proyecto fue aprobado, pero pareciera que según el espíritu de quien presentó la ordenanza, las torres que se levantan sobre la costa central no se deberían haber aprobado. Si hubiera sido por el autor de la iniciativa, los complejos de Torres de las empresas Latucca, Maui, Puerto Ribera y Forum Puerto Norte, no deberían haberse permitido.

También se instaló con inusitada repercusión mediática la idea de expropiar decenas de hectáreas que podrán ser urbanizadas en la zona noroeste, para que a través de una iniciativa "público/pública" sean distribuidas entre vecinos que las vienen ocupando ilegalmente.

Nadie puede oponerse a la discusión sobre el alto agregado de valor que la actividad pública, cuando invierte en obras para transformar una zona considerada antes inundable, le agrega a terrenos que no pueden entrar al mercado por la falta de viabilidad para construir. En general, esa inversión pública se compensa con los convenios que después el Estado establece con los privados para que cedan tierras, eleven el pago de impuestos y tasas, y generen el movimiento económico multiplicador de las urbanizaciones.

Siempre fue así, y la extensa regulación y experiencia de Rosario sobre el tema, exime de mayores argumentaciones. El municipio estima que con los convenios urbanísticos de los últimos años, el sector privado le agregó al patrocinio común unos 350 millones de pesos. Cada uno de estos convenios implicó largos meses de discusiones, cuando no años; todo el mundo pudo opinar, y los resultados a la vista son más que satisfactorios.

Ejemplos: la instalación del casino en Rosario –con todo lo objetable que puede tener en otros aspectos que no son del manejo del municipio–, le dejó al patrimonio urbano común, por obras por compra de tierras para la radicación de familias que ocupaban el predio, obras de infraestructura y mejoramiento de servicios por más de 15 millones de pesos. Los complejos edilicios de Puerto Norte, el Parque Habitacional Ludueña, los polígonos industriales, las urbanizaciones de Wilde y Newbery, por nombrar algunas, aportaron también sumas varias veces millonarias.

No aceptar estas cosas, o trabarlas por cuestiones políticas de momento, no ayudan al crecimiento de una ciudad donde cada vez es más palpable que hay lugar para todos. No pueden existir dudas de que en el caso de los terrenos que pertenecieron al Ejército, en la zona sur, se respetará la opinión de los vecinos, que resultarán los principales beneficiados. Argumentar en contra de proyectos antes de conocerlos, es actuar sobre las bases de los peores prejuicios, sobre todo cuando se opina que "no conocemos qué tipo de gente quieren traer a vivir aquí".

En el mismo sentido, en la polémica sobre el uso definitivo de las extensas superficies de la zona de Nuevo Alberdi, todos los que tengan algún derecho, por más que éste derive de la ocupación no aceptada jurídicamente de espacios que tienen propietarios, pueden encontrar salidas consensuadas para que nadie se quede sin un hábitat respetable. La experiencia lo demuestra.

En el fondo, estas discusiones manifiestan de algún modo que el camino del mejoramiento urbanístico de la ciudad es un hecho. Y las carencias también.

Pero no siempre el que más repercusión mediática consigue es el que más aporta.