Un soplo de frescura política

EDUARDO VAN DER KOOY

Las elecciones internas de Santa Fe terminaron por confirmar una excepcionalidad que se venía presumiendo en la Argentina. Nuestra provincia, sin dudas, califica por encima del pobre promedio general que caracteriza a las instituciones y los partidos. No se trata de exagerar ni de ensayar comparaciones inútiles, aunque parece claro que la política santafesina, al menos en parte, ha logrado evitar el contagio de la degradación que sucedió a la crisis del 2001. El país, desde la llegada de los Kirchner al poder, recompuso su cuadro económico y produjo una mejora social. Pero ese progreso no tuvo correlato en el desenvolvimiento político.

Las internas abiertas fueron, otra vez, una competencia electoral abierta donde el ciudadano contó con márgenes de libertad inéditas para votar. Al sistema vigente se le añadió la boleta única, el instrumento más usado en las democracias del mundo. Desde su aparición en el siglo XIX, un número creciente de Estados la adoptó. En América Latina, sólo Argentina (en el orden nacional) y Uruguay se mantienen al margen de la tendencia.

La boleta única permite al Estado asumir más responsabilidades en la organización del acto electoral y ofrece mayores garantías. No se asume el riesgo del robo y falsificación de boletas, que ocurre en todas las votaciones. De hecho, no se verificó ninguna anomalía el pasado 22 de mayo.

Así, Antonio Bonfatti, del Frente Progresista, Agustín Rossi, del peronismo kirchnerista, y Miguel Del Sel, del PRO, pelearán en julio por la gobernación, después de haber sido ungidos para ello por el voto popular.

El contraste entre esa realidad y la que va marcando el rumbo nacional, resulta más acentuado cuando se repara en algunos episodios. Después de las internas santafesinas, por ejemplo, Luis Beder Herrera fue reelecto gobernador por tercera vez en La Rioja. En esa elección se contabilizaron 53 boletas colectoras para todos los cargos, de las cuales 48 convergieron en el postulante oficialista ganador. El peronismo K y el PJ riojano presentaron 3.250 candidatos para cubrir 250 cargos. Todos estos números, más allá de las clásicas irregularidades denunciadas por la oposición, serían elocuentes de una situación distorsiva.

Tampoco La Rioja constituye una excepción. En Chubut se consagró la votación más larga del mundo, merecedora de algún lugar en la magnífica obra literaria del fallecido Osvaldo Soriano. Comenzó el 20 de marzo y concluyó 69 días después. En el medio, abundaron las denuncias de fraude, cruzadas entre el oficialismo y la oposición. Terminó ganando por 384 votos, en una votación complementaria, el heredero del gobernador Mario Das Neves. Aunque fue una victoria pírrica: abandonó su carrera presidencial y sumió en una crisis terminal al peronismo disidente.

Las internas abiertas y obligatorias nacionales del 14 de agosto se encaminan también a ser sólo una formalidad. Ese mecanismo forma parte de una reforma electoral que el Congreso votó en diciembre del 2009, según pedido de Néstor y Cristina Kirchner, con dos objetivos: eliminar las listas colectoras y transparentar la elección de todos los candidatos.

Pues bien. El Gobierno, mediante un decreto reglamentario, rehabilitó las colectoras. La realidad indica, además, que la prometida competencia quedará para otra vez. Todos los partidos, hasta ahora, presentan candidatos únicos. Cristina en el oficialismo, Ricardo Alfonsín en el Acuerdo Cívico y Social, Elisa Carrió en la Coalición y Eduardo Duhalde en el Peronismo Federal. Ellos mismos se ocuparon de abortar cualquier rivalidad interna.

Está claro que no hay ley que pueda mejorar la calidad democrática cuando la pobreza política anida en la cabeza de sus principales dirigentes.

Dos avances que no admiten retrocesos

OSCAR BERTONE

Pueden ser perfectibles (siempre hay que hacer la salvedad de rigor), pero no admiten retrocesos. Se pusieron en práctica dos iniciativas en el ámbito regional, que deberían ser destacadas no por su aparente originalidad, sino porque desbordan justicia.

Una es la implementación de la boleta única, que demostró que cuando hay decisión política los problemas logísticos son secundarios. Adiós a las boletas sábana, adiós a los candidatos escondidos. Cada categoría de voto vale por lo que es, cada partido, pequeño o importante, tiene garantizada su participación sin necesidad de estructuras costosas que garanticen el respeto al sufragio.

La otra es la decisión de la Municipalidad de Rosario de abrir un registro para que quienes aspiran a un empleo público tengan la oportunidad de inscribirse según las categorías: empleados, profesionales u operarios, y concursar.

Vale reiterarlo. No son iniciativas valiosas por su originalidad, sino porque respetan derechos, porque están llenas de lógica, porque son actos de justicia. También sirve reconocer que en el segundo de los ejemplos, la participación del gremio municipal es un avance institucional evidente.

Los sindicatos del Estado, más de facto que de iure, se sentían habilitados para decidir quién ingresaba y quién no a la administración pública. La cultura de la ciudad, la revolución de las comunicaciones, la horizontalidad creciente de la circulación de información o la insoportable demanda que terminaba cayendo sobre sus espaldas, hizo que el gremialismo aceptara ceder la potestad de nombrar empleados a dedo.

Mientras que en el caso de la boleta única la iniciativa ya pasó la primera prueba de fuego con la elección del 22 de mayo, el sistema de ingreso a la administración municipal deberá transitar el recorrido de la realidad, pero no puede haber marcha atrás: al menos nominalmente se consagró un derecho, y cualquier modificación a la norma para adaptarla a la práctica, no podrá degradar su contenido.

Es cierto que en el ámbito provincial también se determinó que el ingreso a la administración pública deberá ser por concurso, y no sería justo olvidar que el municipio santafesino ya recibió a los primeros empleados que lo son por ese sistema. Pero en el primero de los casos, la extensión de la provincia impide todavía un control estricto de la norma, y en el municipio de Santa Fe, una ciudad superpoblada de empleados públicos, la reglamentación era prácticamente la única posibilidad de evitar el permanente conflicto por los codiciados lugares.

En Rosario, donde el empleo público tiene baja incidencia, sólo una clara voluntad política llevó a la toma de la decisión. No hubo presión externa, sólo convicción de los actores involucrados. Bienvenida.

Los primeros números advierten que se inscribieron unos 12.000 postulantes, y la capacidad de absorción anual de personal por parte del Municipio rosarino ronda las 250 personas que dejan su lugar por desarrollo vegetativo. Esa masa de aspirantes, despejada de quienes no detenten las capacidades mínimas necesarias para el ingreso, operará en sí misma como control de transparencia, más allá de la conformación de las juntas calificadoras.

Son aportes de una provincia que no niega sus problemas, pero que da pasos importantes en la organización racional, representativa y rectora, de sus partidos políticos y de su administración pública. La cantinela de la degradación constante, en estas geografías, tiene cada vez menos lugar.