Después del plebiscito, la gobernabilidad

EDUARDO VAN DER KOOY

Las elecciones legislativas del 28 de junio han dejado de ser, antes de serlo, un hecho político normal de la Argentina. Cabría preguntarse, con honestidad, si alguna vez lo fueron en estos 26 años de democracia restaurada. Pero nunca al extremo de lo que está sucediendo en este tiempo: un sorpresivo adelanto electoral, candidaturas virtuales, confrontación exasperante, un ex presidente, Néstor Kirchner, que actúa como primer mandatario, en desmedro de su esposa, la Presidenta, y a la vez como líder del partido oficial. Un discurso político que desciende del poder y que nunca apunta a una elección de medio término, como lo es la votación de junio, sino a un verdadero plebiscito nacional en el cual se pondría en juego la estabilidad y, tal vez, hasta la continuidad de Cristina Fernández. El todo por el todo, como suele agradarle a la dramaturgia de la dirigencia argentina.

Esa impronta no sucede sobre un escenario cualquiera. Existe una crisis económica internacional que no cede, y existe, también, un deterioro económico nacional acicateado, en gran parte, por la ausencia de confianza. Todas aquellas señales de campaña apuntan a fortalecer la desconfianza.

La experiencia argentina señala que una derrota en una elección legislativa previa a la presidencial impide ganar esa instancia. De las cinco elecciones realizadas hasta el presente, en tres perdió quien estaba gobernando (Raúl Alfonsín, Carlos Menem en el segundo mandato, y Fernando de la Rúa). No sucedió lo mismo con Menem en el primer período y con Kirchner. Menem obtuvo la reelección en 1995 y Kirchner llevó a Cristina hasta la Casa Rosada.

En cambio, quienes la perdieron resultaron vencidos en la siguiente. Eduardo Angeloz, el candidato de Alfonsín, sucumbió con Menem. Eduardo Duhalde cayó con De la Rúa. El ex presidente de la Alianza ni siquiera pudo concluir su mandato luego de ser doblegado en octubre de 2001.

Quizás estos antecedentes hayan incitado a Kirchner a darle a los comicios de junio la dimensión que les da. Una derrota que a priori no es descabellada; no sólo dejaría en estado de anemia al Gobierno de Cristina. También marginaría al ex presidente de la lucha por la sucesión, y hasta podría condenarlo al ostracismo cuando el PJ se plantee la forma de reconstruir una alternativa de poder para el 2011.

El 28 de junio se renovará la mitad de la Cámara de Diputados electa en el 2005, cuando el kirchnerismo ganó con el 40% de los votos. Además, un tercio del Senado, cuyos legisladores fueron elegidos en el 2001, en la antesala de la gran crisis. Del total de las 115 bancas de diputados que se pondrán en juego, el oficialismo deberá revalidar 61. En esa revalidación pondrá en juego la mayoría que posee.

Las complicaciones asoman a la vista. Se conocen las dificultades electorales de Kirch-ner y Cristina en los grandes distritos. Pero valdría reparar, solamente, en el más importante de ellos para observar las dificultades que se avecinan. En Buenos Aires el oficialismo pone en juego 20 bancas. Para retenerlas, debería llegar al 50% de los votos. En el 2005 cosechó 18 de ellas con el 43%. Las pérdidas aparecen entonces como irremediables.

En Santa Fe, suponiendo que Carlos Reutemann afiance su papel no kirchnerista, el oficialismo podría retener sólo una de las tres bancas que coloca en juego. En el 2005, el FPV ganó cuatro legisladores con el 33% de los votos.

La historia señala que los presidentes que perdieron la elección previa a la presidencial tuvieron dificultades en la continuidad de sus mandatos. Alfonsín debió retirarse seis meses antes y De la Rúa renunció dando paso a una crisis de gobernabilidad formidable. Sólo Menem prosiguió con relativa normalidad. ¿Habrá sido por su condición de peronista?

Kirchner también lo es, pero a diferencia de Menem no ejerce, hoy por hoy, tanta influencia en el partido. De hecho, tiene rupturas prematuras que el caudillo riojano no tuvo hasta el final. El eje que se va esbozando entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos es sólo una muestra.

El gran desafío de los Kirchner no es, como se advierte, sólo la elección en ciernes. Es, sobre todo, garantizar la continuidad normal de la gestión de Cristina. Quizás deban para conseguirlo adaptarse a nuevos tiempos, mutar estilos y navegar sobre aguas encrespadas y adversas como nunca les tocó en estos cinco años. Si lo logran, mas allá de sus destinos políticos personales, le habrán hecho con seguridad un buen servicio a la demacrada democracia argentina.

¿A quién le importa la institucionalidad?

OSCAR BERTONE

Algunos hechos hacen dudar sobre el interés real que muchos ciudadanos dicen tener respecto de la transparencia y el respeto por las instituciones.

Hace unas semanas, el Poder Ejecutivo provincial convocó a una conferencia de prensa para anunciar la firma de un decreto por el cual se establece la obligatoriedad de ese organismo de responder a cualquier pedido ciudadano de información sobre los actos de gobierno.

La iniciativa había sido solicitada por varias organizaciones gubernamentales y por el Sindicato de Prensa desde hace años. Incluso, había tenido media sanción de la Cámara de Diputados por lo menos dos veces, pero nunca se produjo la aprobación definitiva como ley por la negativa de los senadores, miembros de un cuerpo donde se sospechan manejos arbitrario, de subsidios, sobresueldos y designaciones.

Salvo el gremio que agrupa a los periodistas y algunos funcionarios, se notó la ausencia en ese acto de anuncio de muchas de las personas y entidades que habían solicitado la medida.

Por ese decreto, cualquier ciudadano, sin necesidad de justificar las causas que motivan el pedido, puede requerir información sobre los actos de gobierno y éste se obliga no sólo a contestar por escrito en breve lapso, sino a colgar la información en la página web oficial.

La idea es ir formando, en un medio de comunicación de fácil acceso, una masa crítica de información pública sobre el manejo de los dineros, los bienes y el cumplimiento de las leyes en vigencia. La medida tuvo carácter de decreto y no de ley, ya que sólo adhirió el Poder Ejecutivo.

El trámite será gratuito para los interesados, salvo que la información requerida implique gastos de papelería y fotocopiado importantes, pero aún en esos casos el Estado se compromete a hacer llegar la documentación si la persona o la entidad demuestra que no puede hacerse cargo de los costos.

Es un paso importante a favor de la transparencia, pero no parece haber tenido demasiada repercusión. Ni los medios, ni las ONG, ni las personalidades que venían reclamando estas actitudes se hicieron eco.

Probablemente, aquella conferencia de prensa haya tenido defectos organizativos. La actividad política en tiempos electorales suele rebasar la capacidad de cobertura periodística de muchos eventos. Pero siempre el periodismo tiene la revancha de repreguntar, editorializar, debatir, sobre todo en cuestiones que parecen ser de fondo.

Nada de esto pasó y no hay hasta ahora consultas de particulares ni de periodistas. Es probable entonces que una herramienta interesante para la “construcción de ciudadanía”, término muy en boga, no se utilice demasiado. No es un demérito para quienes la impulsaron; al fin y al cabo el instrumento está vigente y tiene su potencialidad.

Pero de alguna manera refleja un modo de relación de la gente con la cosa pública. Es probable que estemos condenados a las polémicas eternas, válidas pero poco sustanciales si no se condicen con otras actitudes de participación activa en el manejo de las cuestiones del Estado, única manera de participar del poder más allá de las elecciones.