Hacia la abstención electoral
POSCAR BERTONE

La provincia de Catamarca protagonizó un proceso electoral con un índice de participación electoral menor al 40% del padrón. En las últimas elecciones en Santa Fe, menos del 60% del electorado dejó expresada su voluntad. Algunas actitudes de nuestros dirigentes políticos de hoy, a pesar de la relativa prosperidad que marcan algunos indicadores, provocarán sin duda una histórica abstención este año.
Un estado infantil de beligerancia política, el virulento paro docente, los vicios del pasado en el nombramiento de jueces, la ineptitud absoluta para encarar planes de vivienda populares, un estado de inseguridad urbana y rural creciente, son síntomas que deberían sonarnos extraños para una provincia cuyos índices económicos y sociales son claramente de progreso. 
El festival de denuncias que el peronismo había empezado sobre el principio de año, en torno a las concesiones para la explotación de espacios públicos otorgadas por el ex intendente Binner, se estaba transformando, como lo señalábamos en Rosario Express, en un sacudón constante a un nido de avispas. Los primeros pinchazos fuertes, producto de la reacción, los sintió la vicegobernadora, muy afecta a agitar las ramas del árbol socialista.
Nadie ganó, todos perdieron. Además permitieron que se colara en la discusión una prensa cercana a la participación en los negocios oscuros, que se arman gracias a la mala praxis en los organismos de seguridad del Estado provincial. Emblemática víctima de esta mezcla fue el irascible Alejando Rossi, secretario de Seguridad, sobre quien se escribió mucho, pero se aclaró poco.
El paro docente tampoco es fácil de explicar. Los castigados maestros se sienten distintos a la masa de empleados públicos provinciales, representados gremialmente por lo peor del sindicalismo estatal. Por eso, cuando amenazaron con tomar medidas de fuerza, la decisión del gobierno de Obeid de englobarlos en un aumento general no remunerativo les sonó como una bofeteda. Extraña situación de impericia política: Cuanto más aumentos, más paros.
La aprobación por parte de la Legislatura del nombramiento de una jueza cuestionada por el área jurídica y el Concejo Municipal de Rosario primero, y el fuero Contencioso Administrativo provincial después, no es tampoco explicable. Sobre todo cuando el marido de la cuestionada también fue procesado y encontrado culpable por exacciones ilegales en el cumplimiento de la función pública.
La inconcebible demora en la implementación de los planes de vivienda anunciados por el presidente Kirchner hace casi un año (10.000 para Santa Fe y la mitad para Rosario) tampoco tiene justificación. La ineptitud  y el desprecio contra Rosario de los funcionarios del área de la provincia en un clásico y las excusas del gobierno municipal, poco aceptables. Nadie le cree a Lifschitz cuando simplifica que la “falta de obras de Aguas Provinciales”, impide la construcción de viviendas. Una elemental infraestructura sanitaria no llega al 20% del valor de una casa o departamento. 
Y la inseguridad, la cotidiana, temible y moralmente destructiva inseguridad que afecta a las personas comunes, a cualquier hora, en cualquier escenario. En las ciudades grandes y ahora también en las zonas rurales. La imposibilidad de generar una política de Estado elemental, que acorrale a un grupo no muy grande de delincuentes ocasionales pero peligrosísimos, forma parte cada día de las noticias de la mañana.
Por estas cosas, de las que no puede dar cuenta esta generación de políticos que, paradójicamente, ya sabe que espera la gente de ellos, es que la provincia se acerca alegremente a un proceso electoral que tendrá un índice de abstención histórico. Es una pena que una generación bien formada intelectualmente, tan apta para los discursos, tan curtida en los costos que generan los enfrentamientos personales y las ineptitudes a la hora de gestionar, no vea esta histórica oportunidad. Si no reacciona rápido, será severamente castigada en octubre.

Rosario no es una isla
EDUARDO VAN DER KOOY

Repasar la radiografía de la Justicia en Rosario y Santa Fe es como asomarse a una película de horror. Pero tampoco hay lugar para el asombro o la sorpresa: la decadencia judicial en la Argentina es un proceso que viene de lejos y una deuda que, como tantas, la democracia mantiene con la sociedad.
Las anomalías florecen en cualquier lugar y en cualquier momento. A la información de que en la provincia prescriben sin sentencia –por diversas razones– el 60% de las causas, se podría añadir otro dato a nivel nacional que refleja la cercanía de un colapso: la Corte Suprema de la Nación tiene entre manos más de 23 mil causas por año. Para dar una dimensión del despropósito cabe una comparación: el máximo tribunal de Justicia de Estados Unidos no atiende en el mismo lapso más de 240 procesos.
El debilitamiento del Poder Judicial podría atribuirse a deficiencias organizativas y normativas, aunque también a la falta de idoneidad y compromiso de sus miembros. Todos esos males, sin embargo, poseen la misma raíz: superada la dictadura, emblema de toda injusticia, el retorno de la democracia tendió a la politización del Poder Judicial.
La máxima expresión de ese fenómeno lo constituyó el Pacto de Olivos celebrado en 1994 entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín, quienes se distribuyeron entonces lugares en la Corte Suprema. Las réplicas se hicieron sentir en todo el territorio, con un agravante en provincias donde el signo partidario ha sido en las últimas décadas monocolor: allí se ató un nudo casi indestructible entre los intereses políticos y la Justicia.
Es común, a propósito, reparar en provincias como Catamarca o Santiago del Estero. Política y Justicia suelen conformar en ellas un mismo cuerpo. Las evidencias están indicando, con alarma, que Santa Fe no está lejos de esa realidad. Se trata de un cuadro de alta complejidad en una provincia que exhibe a la segunda ciudad del país –Rosario–, prototipo de la vida cultural, el apogeo económico y el pluralismo político. Algo más: las ambiciones políticas parecen codearse, a veces, con negocios de bandas genéticamente mafiosas.
Una encuesta reciente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados reveló que el 98.6% de los letrados consultados considera que la Justicia no satisface las necesidades de los ciudadanos. El 86.9% dice que no es independiente del poder político y el 95.6% considera que debe ser reformada. Esta contundente posición crítica es similar a la de la opinión pública.
El gobierno de Néstor Kirchner ha dado atisbos de querer modificar aquella situación. Así debería interpretarse el nuevo mecanismo –más que los nombres elegidos– utilizado para designar jueces en la Corte Suprema. Pero ese esfuerzo es, al lado de la crisis vigente, aún insignificante. No se puede representar el futuro de ninguna sociedad si en ella una institución madre para el respeto de los derechos de las personas, como lo es la Justicia, no funciona siquiera con mínimo decoro.