Cuando reina la incertidumbre
EDUARDO VAN DER KOOY
¿Cuánto tiempo perdurará la pelea entre el Gobierno y el campo? ¿Derivará la dañada relación entre Cristina Fernández y Julio Cobos en una crisis política e institucional? ¿Volverá el peronismo a acompañar de manera homogénea al Gobierno? ¿Resistirá a tantas pruebas de vida la unión del Gobierno con un sector del radicalismo? Al fin, ¿podrá la economía sobrellevar sin deteriorarse todavía más un desajuste político que ya lleva ocho meses y que se profundizó desde el conflicto con el campo? Podrían dispararse, como aquéllos, otra infinidad de interrogantes. La nación política está asomada otra vez, impensadamente, a un peligro que parecía superado después del derrumbe del 2001 y que, a lo mejor, obliga a repasar algunas de las varas clásicas con que se fue tomando estos años la talla de la realidad. Aquel peligro se llama gobernabilidad.
¿Qué cosas sería conveniente repasar ahora mismo? Si aquel liderazgo que construyó Néstor Kirchner los cuatro años que gobernó fue tan sólido como se lo intentó presentar. Si su poder llegó a ser, en efecto, de un elevado hegemonismo. Si su figura generó en el peronismo una adhesión por convicción antes que por conveniencia. Pero las cosas, al parecer, no fueron de ese modo. El liderazgo de Kirchner estuvo asentado sólo sobre dos pilares: el progreso de la economía y el humor social. Esos pilares se han resquebrajado y desde el conflicto con el campo el talante social, sobre todo, cambió mucho. Una buena parte del peronismo, aunque su volumen es todavía prematuro precisar, inició el camino del apartamiento del Gobierno. Difícilmente recale en las enmohecidas conducciones de Eduardo Duhalde o los hermanos Rodríguez Saá (Adolfo y Alberto). Pero está claro que aquel sector empezó la búsqueda de una alternativa para confrontar con el kirchnerismo, que podría hallarse en alguno de dos o tres caudillos provinciales. Es arduo imaginar al Gobierno enfrentando las legislativas del año que viene con un partido unido. Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, por lo menos, preparan ya su nuevo negocio político.
El conflicto entre Cristina y Cobos podría desgajar otra pieza del armado oficial. De hecho, ya no quedan dirigentes ligados al vicepresidente en el Gobierno. Aquel pleito vuelve a echar sombras sobre la viabilidad política de las alianzas en la Argentina. Los antecedentes no son halagüeños: la ruptura entre Fernando de la Rúa y Chacho Álvarez constituyó el prólogo del desmoronamiento del gobierno de la Alianza. Los contextos no son análogos, entre otras razones, porque la economía y el frente externo trasuntan hoy una salud de la que carecían entonces. Otro enigma, frente a este panorama, es el comportamiento de Cristina y de Kirchner. ¿Tienen conciencia cabal de lo que está sucediendo? ¿O manejan sus posibilidades en función del poder mellado que disponen? ¿O no creen, en realidad, que las cosas son, aproximadamente, como se están viendo?
La palabra pública de la Presidenta y del ex presidente, en ese sentido, desalientan. El matrimonio parece convencido de que el trazo central del rumbo del Gobierno es correcto. Que sus opiniones son las que valen y que resulta tarea vacua contrastarlas con otras que suelen delinear una actualidad matizada y bien distinta a la que ellos ven. Vale, entre un montículo, rescatar dos cosas que la Presidenta explicó en su celebrada primera conferencia de prensa. Cristina cree en el INDEC y en sus índices de inflación. Cree que las críticas y los otros índices obedecen a la intencionalidad polìtica y a la campaña de los medios de comunicación. ¿Por qué la inflación es entonces una de las dos principales preocupaciones de la sociedad, según consta en todos los trabajos de opinión? Otro aspecto sorprendente de la mirada matrimonial está referido a las inversiones externas. Dijo que en el primer semestre de este año aumentaron en 13 mil millones de dólares. Durante el 2007 el total de esa inversión ascendió a 5400 millones. Nadie sabe de dónde salen esas cifras increíbles.
Esa percepción casi impenetrable de la realidad que poseen Cristina y Kirchner sería otro motor de la incredulidad hacia el futuro. ¿Qué significará el cambio de Sergio Massa por Alberto Fernández como nuevo jefe de Gabinete? ¿Qué importancia tiene que la Presidenta haya dado un envión formal a su gestión? ¿Cuánto ayudará a modificar la realidad su intento de recuperar un primer plano del cual se apoderó su marido? ¿Cuánto vale su esfuerzo por mutar un carácter personal habitualmente crispado por otro afable? Son demasiadas las dudas como para suponer que la Argentina avanza por un camino seguro. Como para no temer por la acechanza de otra crisis.
Los impuestos
OSCAR BERTONE
No se puede decir que en estos últimos meses el gobierno de Binner haya hecho poco, pero da la impresión de que la pelea de fondo para imponer sus puntos de vista y su estilo de gestión recién empieza.
Hubo iniciativas de distinto porte: capacidad de resolución para el retraso en la confección de 80.000 DNI, anuncios fuertes como la construcción del Parque Federal y la autopista 19 para Santa Fe, obras de ensanche de las avenidas de Circunvalación y de la Travesía en Rosario, entrega acelerada de equipamiento y móviles para la policía, acuerdos con el gobierno nacional en áreas que hace años tenían cero iniciativa, como Trabajo, un aporte para emitir licencias de conducir de alcance nacional, la cesión de terrenos para una usina termoeléctrica a Enarsa en Sauce Viejo, son ejemplos, aunque hay más.
Una iniciativa institucional no menor fue también la de mantener un contacto aceitado con los gremios estatales, que podrían ser aliados naturales de la oposición política. Pero los sindicalistas parecen haber encontrado un ámbito de participación más conveniente al lado de un gobernador que viene convocándolos para, antes de embarcarse en una discusión salarial, analizar el presupuesto, una actitud que no habían conocido hasta ahora. La excepción, como siempre, es el inefable y convulsionado gremio docente.
Pero en los recursos que parecen agotarse está la cuestión de fondo. El esquema impositivo en la provincia es tan exótico que, si por caso, se decidiera aumentar un astronómico 200% el impuesto inmobiliario rural, nada cambiaría mucho. La provincia recauda 40 millones de pesos por ese impuesto a la propiedad de algunas de las tierras más caras del país, que pueden llegar a costar 15.000 dólares por hectárea.
En departamentos como Caseros o General López, de excelentes tierras, el avalúo fiscal no llega a los dos mil pesos por hectárea, esto es el 5% de su valor real de mercado.
Si comparamos, el equipamiento que se está proveyendo a la policía cuesta 50 millones; la reparación de la avenida de la Travesía, 40; el hospital Iturraspe de Santa Fe, 80.
El gobierno saliente de Jorge Obeid sabía que los recursos propios estaban siendo reemplazados por los nacionales. Conocía también que los municipios sufrían el doble, porque el impuesto inmobiliario va en un 50% a las comunas, pero prefirió usar la lapicera arbitraria de la ayuda discrecional, un elemento de control político para ganar simpatías.
La consigna electoral “no aumentamos ningún impuesto” no sólo no le alcanzó para retener el gobierno; provocó un de-sequilibrio notable en los municipios y no le permitió ejecutar ninguna obra de infraestructura importante en cuatro años. Primero por la crisis y, después, porque el tipo de cambio permitió ingresos extras desde el gobierno central, los impuestos provinciales no se modificaron desde 1996. Alguna vez el cuello de botella iba a paralizar la provincia.
Mientras la Nación se quedaba con la mayoría de la recaudación global gracias al impuesto al cheque (reparte sólo el 30% de lo que recauda) y las retenciones a las exportaciones (no reparte nada), la provincia prefirió concentrar todo el dinero posible que le llegaba a su manos.
Ahora, como tuvieron que hacerlo las provincias de Buenos Aires y de Córdoba, vendrá el “impuestazo”. Así denominará la oposición al ajuste de tributos que llevan 12 años de congelamiento, no sin parte de razón.
Se discutirán alícuotas, aparecerán voces airadas, informes sobre gastos superfluos, contratación de personal nuevo, y las demandas clásicas de las épocas donde la inflación apremia a quienes tienen que pagar costos crecientes con recursos congelados.
Empieza para el gobierno el tiempo de medir fuerzas, negociar, ceder y apretar alternativamente, para no apartarse de su plan. Por ahora consiguió algo inesperado: la actitud condescendiente de los gremios. Si los intendentes creen que hay en el ajuste un respiro real para sus angustias financieras crecientes, probablemente también los ayude.
Pero en la áspera discusión que se vivió en el recinto del Concejo Municipal de Rosario cuando se “debatió” el aumento en el precio del boleto del transporte, se dibujó una estrategia opositora fuerte y definida.
No ayuda a los entendimientos el clima político general. Otra vez la Argentina parece sumergida en un tiempo de transición, donde cualquier acuerdo es débil, los argumentos se exageran, las tensiones se agrandan y los enfrentamientos parecen irreconciliables.
Binner deberá demostrar que el modelo de confrontación que apareció en el conflicto entre las entidades empresarias del campo y el gobierno nacional, no será imitado en la provincia; al fin y al cabo él también va detrás de un aumento de los recursos para el Estado.
El retoque que se denominará “reforma tributaria” igual no va a alcanzar para que Santa Fe recupere la autonomía concreta de disponer un presupuesto donde los recursos propios sean mayoritarios. Será un retoque, significará un alivio, también un costo político.
Porque la definición de fondo se juega en Buenos Aires. Según los datos oficiales, la recaudación central aumentó en julio más de un 40% respecto de la del mismo mes del año pasado. Más de lo mismo: las retenciones a los combustibles y al agro, que no se coparticipan, siguen siendo el tractor, el IVA coparticipable descendió unos puntos si se deflaciona la recaudación.
¿Hasta cuándo resisten las provincias los ajustes mientras la Nación engorda sus ingresos?