Seis meses de retroceso

EDUARDO VAN DER KOOY

Sobrevuela en la Argentina, otra vez, una espesa sensación de desesperanza. Se trata de una sensación en la cual el prolongado y, a esta altura, incomprensible conflicto con el campo ejerce una influencia ineludible. Pero ese conflicto sirvió para desnudar las inmensas precariedades políticas e institucionales de nuestro país y la indigente imaginación de un Gobierno, el compartido por Cristina Fernández y Néstor Kirchner, que empieza a correr el riesgo de consumirse por impotencias y empecinamientos.
¿Qué impotencias y qué empecinamientos? .Esos que muestran a la Presidenta y al ex presidente encerrados en una sola lógica, la propia, dilapidando tiempos, malgastando capital político, trastornando el humor social, circunscribiendo el poder y la administración oficial sólo al matrimonio, empalideciendo a un equipo de ministros, que salvo excepciones, pocas veces ha sido más decorativo que ahora. Cristina no logró insinuar todavía en seis meses de poder siquiera uno sólo de los propósitos que la terminaron convirtiendo en mandataria.
La Presidenta tenía la convicción de que una apertura de la Argentina al mundo resultaba imprescindible para ir mutando el crecimiento económico de cinco años consecutivos hacia un desarrollo sustentable. Aquel mundo está más lejos que antes y mira a nuestro país con desconfianza. A punto tal que la única inversión de fuste prevista para una obra estructural es la del tren rápido, a cargo de la empresa francesa Alstom.
La desconfianza se ha desparramado en estos seis meses sin que el Gobierno atine a hacer algo para detenerla. Sigue desordenada la situación financiera externa como consecuencia lógica primero del default y luego de la reestructuración de la deuda, acertada aunque incompleta. Están paradas las negociaciones con el Club de París por la deuda de 6 mil millones de dólares. Sin esa señal nunca habrá un adecuado flujo inversor. Los manejos políticos en el conflicto con el campo realimentaron en el exterior los temores a otra crisis, a las cuales la Argentina es propensa.
La desconfianza no es una abstracción: sólo el 5% de la inversión extranjera elije hoy nuestro país por debajo de Brasil, Chile, Perú y Colombia. El Gobierno tiene fuente de financiación disponible únicamente en Venezuela y pagando enormes sobretasas. Es la misma sobretasa (900 puntos básicos) que pagaba la Alianza de Fernando de la Rúa en sus épocas aciagas. Y no habría razón para que eso sea así: el Gobierno del matrimonio Kirchner posee aún una solidez macroeconómica y de poder político en un contexto externo favorable, una ecuación que nunca acompañó al ex presidente radical.
La desconfianza tiene que ver, entonces, mucho más con las conductas políticas y los desiertos institucionales que con la economía. Conflictos hay en todos los rincones del planeta y los padecen también las naciones más modernas y las democracias más desarrolladas. Sin ir lejos: Europa sufre el problema de la energía y su dependencia, en ese terreno, de la Rusia de Putin; sufre también la espiral inflacionaria desatada por los precios de los alimentos a raíz de la demanda sostenida de China y de la India. Pero afronta esos problemas con el respeto de dos valores medulares: la idea de la búsqueda de la solución de consenso; la apelación a todas las instancias institucionales disponibles.
Los puertos españoles fueron bloqueados varias veces por los pescadores, seriamente afectados por el precio del petróleo. Los dirigentes pesqueros nunca pidieron la cabeza de José Luis Rodríguez Zapatero. El premier español tampoco se involucró. Actuaron sus ministros y actuó, en forma orgánica, en el Congreso, el Partido Socialista.
España afronta además los efectos de una fuerte desaceleración de su economía. La recesión y el desempleo son una amenaza. El Partido Popular, sobre todo a través de Mariano Rajoy, critica al Gobierno pero a nadie se le ocurre poner en duda la continuidad de Rodríguez Zapatero, reelecto en marzo pasado. El premier español cuida su morosa popularidad pero hace cosas que tiene que hacer: adaptará las tarifas eléctricas domésticas, para moderar el consumo, en función de la renta de los españoles. Lo que tantas veces sugirió y nunca hizo Kirchner.
Hay situaciones de conflicto muy similares también en Francia, acentuadas un poco por la extravagancia de Nicolás Sarkozy. Hay conflictos más profundos, incluso, como el que significa para una sociedad bien acostumbrada, como la francesa, el cambio de régimen jubilatorio con un promedio de edad más elevado (de 60 a 65) para dejar de trabajar. Hay también huelgas, hay durísimos cruces entre el oficialismo y la oposición. Pero no hay salvajismo y prevalece el sentido común.
El repaso de las realidades en España y Francia contrasta con los que acontece en la Argentina. Cualquier conflicto tiene aquí  siempre como destinatario al matrimonio presidencial. Resulta patente en el caso del campo cuyos dirigentes enfilan actos y palabras sólo hacia Cristina o hacia Kirchner. El Gobierno no genera tampoco escenarios de debate o de acción: el Congreso sirve sólo para riñas fotográficas entre el oficialismo y la oposición; el peronismo acata aunque deje escapar alguna astilla; los opositores se tientan con apostar al fatalismo.
Ese paisaje genera oleadas de angustia porque sólo augura imprevisibilidad. La calificación que desde hace años persigue a la Argentina en el mundo. Esa imprevisibilidad será otro de los enormes escollos que deberá remover Cristina para enderezar su gestión. O quizás para empezarla de nuevo.
Nada de eso será posible mientras perdure el conflicto con el campo. Y habrá que observar sus secuelas para saber si, al final, es en efecto posible

Las tribulaciones de un ministro

OSCAR BERTONE

   Mientras la sangría de descrédito va dejando anémicos los discursos bizantinos de dirigentes del campo y el gobierno, el ministro Juan José Bertero se empecina en encontrar una forma fácil, eficiente y económica para hacer algo aparentemente simple: llevar agua a los productores del norte santafesino que ven morir sus reses o desaparecer sus cultivos asolados por una sequía que se encamina a figurar en las estadísticas.
Se supone que el país conciente está preocupado por la situación del agro pero, metidos todos en las trascendentes discusiones sobre el “perfil agroindustrial de la Argentina para abordar las oportunidades que ofrece el mundo”, el bíblico padecimiento de la región septentrional de la bota santafesina –que afecta a unas dos millones de cabezas de ganado y a una cantidad indeterminada pero gigantesca de tierras–, se deja para otra oportunidad, como si lo que se está perdiendo se pudiera recuperar.
En la última conferencia de prensa de la Mesa de Enlace, las cuatro entidades del agro ni mencionaron el problema. Sí recordaron la falta de agua en la denominada Patagonia Norte, una observación más destinada a tocar un costado sensible del gobierno nacional, que se reivindica hacedor de la prosperidad del sur del país.  
Paradoja maravillosa la de Argentina, todos preocupados por el fantástico futuro que se nos niega, pocos ocupados en lo urgente, lo que está al alcance de la mano. El ministro de la Producción tiene que llevar agua al norte ya, pero la ley de Emergencia Agropecuaria y la burocracia no se lo permiten.
Porque la norma estipula que primero debe firmarse el decreto de emergencia,  y a partir de los 30 días, se pueden utilizar los recursos para reparar los daños. Bertero, conocedor de los temas, advirtió que llevando agua en camiones y efectuando perforaciones quizás un poco más profundas que las que se hacían cuando existían los humedales ahora más pobres por la canalización de los bajos submeridionales, gran parte de los daños se pueden prevenir.
De paso, al momento de recompensar a quienes sufrieron pérdidas irreparables, no se equipararía al irresponsable que siembra en tierras no aptas, igual que al productor que puso todos los conocimientos y el trabajo para que rinda los mejores frutos.
Si se gastan recursos públicos que no figuran en la letra de la ley, después aparece la tristemente célebre Fiscalía de Estado, que nunca pudo descubrir en qué se invirtieron los millones que llegaron a la provincia años atrás para conjurar el daño de las inundaciones, pero que sí está a poner su celo en el cumplimiento de las formas.
No es entonces la economía, es la política, o si se quiere, la capacidad de gestión, lo que podrá sacarnos del círculo vicioso dialéctico en el que increíblemente se está metiendo el país.
No se trata de anteponer el problema de la sequía en Santa Fe con la cuestión puesta en juego en los grandes escenarios mediáticos de los últimos dos meses. Pero difícilmente podamos atacar con éxito un desafío cuando todo el sistema parece estar montado como para trabar iniciativas que, partiendo de la idea de la anticipación, de la prevención, de la acción inmediata frente a una dificultad, prefiere atarse a normas que parecen dictadas para favorecer el menor esfuerzo.
Seguramente el ejemplo, que parece mínimo frente a “los grandes desafíos del Bicentenario”, contiene gran parte de los elementos que no nos permiten dar una vuelta de página a un periodo agotado.
Están los recursos, están los conocimientos. ¿Está la voluntad política de cambio? Seguramente el ministro se arriesgará, dejará por algunas semanas los planes estratégicos en segundo lugar, se salvarán algunas cabezas más de ganado y algunos quintales más de los que se podrían rescatar si se cumpliera estrictamente con la norma. Después vendrá el cambio de la ley para adecuarla a políticas anticipatorias. Y cuando haya que rendir cuentas, dependerá del poder político del tiempo por venir, para que no tenga que dar más explicaciones que la aplicación de la lógica.
¿No es, en escala pequeña, un ejemplo de cómo funciona hoy el país?