Edición Nº 4- Editorial

La oportunidad
POSCAR BERTONE

Una convocatoria a la reforma de la Constitución provincial, por más mezquina y oportunista que se la juzgue, no tendría que ser tomada a la ligera por la oposición. Esta idea del gobierno, destinada a recuperar la iniciativa y a solucionar su interna, igual debería evaluarse como una posible oportunidad para la provincia.
En pocas  palabras. El gobernador Obeid, advertido de una encuesta electoral adversa que le mostró un escorado operador de la Casa Rosada, intentó achicar el abismo que lo separa del centro de la escena política provincial.
Sus asesores pergeñaron la siguiente idea: convocamos a una reforma constitucional; Carlos Reutemann va como candidato a convencional constituyente; juntamos las elecciones de este año en ¡otra vez! una boleta sábana; le armamos un problema a los socialistas, porque Binner no podrá presentarse en dos candidaturas al mismo tiempo;  y nos ponemos en Rosario al frente de la reivindicación de la autonomía.
El negocio político así pensado parece redondo pero tiene muchas dificultades de concreción, que la oposición debería aprovechar. No sólo para salir de una situación incómoda, sino para poner la discusión en su justo término. De otro modo podría quedar entrampada en la misma ciénaga de donde trata de salir el peronismo, cuando de lo que se trata es de acercar la política a la gente.
La información oficial dice que mediante un proyecto de ley el Poder Ejecutivo insta a la Legislatura a apoyar la reforma de 8 artículos de la Constitución de Santa Fe. Son los que permitirían que los mandatos a presidente en las comunas sean de cuatro años y no de dos, establecer por ley la institución de la Defensoría del Pueblo y del Consejo de la Magistratura, reglamentar el derecho a la información, algún mecanismo de consulta popular y la autonomía de los municipios.
Si bien todo esto ocurrió en el mes de enero, lejos, muy lejos de las prioridades estacionales de la gente, la discusión va a continuar porque se convocó a una especie de diálogo político. La oposición salió a decir directamente que no está de acuerdo, pero hasta ahora no queda claro si sus argumentos no están motivados por el esquema mezquino de la conveniencia política partidaria.
Veamos: es cierto que el llamado a reforma no se mete con la peor  injusticia sobre la cual se edificó el decadente sistema de gobierno que hoy aprovecha circunstancialmente el peronismo, esto es, el esquema de representación. En Santa Fe, como en una provincia feudal, el que gana por un voto se lleva la gobernación  y,  por el mismo período de cuatro años, la mayoría de la Cámara de Diputados;  y en los departamentos, al elegirse  un solo senador, el que gana por un voto se lleva el 100% de la representación.
La arbitrariedad se termina de consumar eligiendo un Tribunal de Cuentas del mismo color, manipulando los fiscales, la Defensoría del Pueblo, y una lista infinita de etcéteras que dan como resultado generaciones sucesivas de funcionarios no sólo del mismo color, sino del mismo apellido.
Por eso los primeros en salir al cruce de la intención de Obeid fueron, sorpresivamente, los propios reutemistas, que a través de Danilo Kilibarda, su espada mayor en estos temas –ex constituyente y abogado defensor de Carlos Reutemann frente a la Oficina Anticorrupción que lo investiga por el manejo de fondos de la inundación–, dijo que la reforma es "inoportuna e innecesaria".
Es el reutemismo y no Obeid el que mejor representa el interés de la oligarquía política santafesina. Reutemann es un jefe y Obeid un subordinado, para la cáfila de funcionarios eternos cuyo escalafón termina en la Corte de Justicia o el Tribunal de Cuentas, según sean contadores o abogados, acostumbrados a saber, desde que finalizan sus estudios universitarios, que la vida está asegurada gracias al fuerte ingreso que percibirán del Estado.
Y ellos no van a querer una reforma constitucional que otorgue representación a las minorías, que reconozca, aunque sea por un período mínimo, el peso económico y social de Rosario u otras ciudades importantes, o que los obligue a llevar adelante una carrera administrartiva más o menos decente basada en los méritos y no en la portación de apellido de barón de la política feudal santafesina.
Por eso obligaron al gobernador a pagar con 20 millones de pesos del erario público su presencia  en Diputados para cancelar la ley de lemas. Había que reemplazar este año lo que en el 2003 se repartió para las elecciones.
Y no están dispuestos a modernizar ni la Constitución ni el Estado santafesino. La realidad es así de cruel. De modo que se debería estudiar más cabalmente si no estamos frente a la oportunidad de comenzar de una buena vez la discusión política refundacional que Santa Fe se merece, a pesar del oportunismo convocante.

Un aprendizaje tardío y costoso
EDUARDO VAN DER KOOY

La historia demuestra que los argentinos solemos invertir esfuerzos enormes y pagar costos formidables –de vidas humanas— para comprender normas primarias de convivencia que otras naciones fueron capaces de asimilar sin tanto trauma.
Podríamos hacer, en ese aspecto, una enunciación interminable. Pero basta con una mirada breve: hizo falta una sucesión de golpes de Estado y el drama abierto en 1976, con miles de desaparecidos, para aceptar a la democracia como sistema político único e insustituíble; fueron necesarias no menos de tres hiperinflaciones devastadoras para aferrarnos al valor de la estabilidad; hubo que descerrajar una brutal devaluación para advertir que la moneda nacional nunco tuvo —ni durante el auge de la conver-tibilidad— el mismo volumen que el dólar, sostenido por la principal economía del planeta; hubo que arribar a los niveles presentes de miseria y pobreza para que la Argentina acepte, aún tímidamente, que es un territorio inequitativo en profundidad.
El preámbulo viene a cuento por el debate colectivo que desató la tragedia en el boliche Cromañón, de Buenos Aires, que bien pudo haber ocurrido en Rosario, en Córdoba o en cualquier otro rincón del país. El informe que, al respecto, presentamos en este número sobre la habi-litación de discotecas o edificios públicos en nuestra ciudad es elocuente de que siempre los argentinos vivimos asomados al abismo.
Lo que ha quedado en el ombligo de la discusión es la necesidad de contar con un Estado ágil y eficiente, capaz de dictar y hacer cumplir normas de seguridad, como también correspondería con la salud y la educación.
A esa corriente de pensamiento se han sumado, incluso, aquellos sectores de clase dirigente que predicaron durante la década de los 90 la inutilidad del Estado y que avalaron cada uno de los pasos que llevaron a su desarticulación y a su anomia actual. No se trata de regresar a una estructura estatal pesada, corrupta y perimida como la que conoció el país antes de los 90: se trata de encontrar un punto de equilibrio entre el antes y el después de ese momento.
Otro dato alentador es el protagonismo inicial tomado por los jóvenes luego de la tragedia, exigiendo justicia, garantías y el cumplimiento de responsabilidades por parte de todos, también del Estado. Sobresale además la admisión de culpas propias: es saludable no esperar todo de un Estado que no debe nunca más volver a adquirir un sesgo paternal.
Todas esas reacciones indicarían que la sociedad ha sido impactada y que, en cierto modo, exhibió capacidad de reacción. Aunque cabría esperrar que los reflejos afloren la próxima vez sin necesidad de dramas ni de tragedias.