Lo que pueden ocultar las elecciones
EDUARDO VAN DER KOOY

La Argentina vive su frenesí electoral. Néstor Kirchner ha tenido, en ese sentido, dos buenas noticias. La victoria del radical Brizuela del Moral en Catamarca afianzaría su proyecto de concertación con los gobernadores de la UCR. El triunfo de Sergio Urribarri en Entre Ríos, heredero del gobernador Jorge Busti, y el tercer lugar que ocupó el también peronista Julio Solana, intendente de Paraná, fue otro motivo de satisfacción. Entre los dos reunieron casi el 67% de los votos de la provincia.
No hay un solo acto de gestión del Presidente que no parezca humedecido de electoralismo. Lo parece aun cuando el propio Presidente finge. No hay un sola crítica de la oposición que no destile un vaho de oportunismo. Todos actúan, al fin, al ritmo de lo que van indicando las encuestas.
Detrás de semejante barullo se siguen produciendo lesiones a la calidad institucional que no serán remediadas por el simple ejercicio del voto. Se pueden constatar atropellos de todo tenor.
Vale la pena hacer escala en episodios de tres provincias. En dos de ellas (La Rioja y Tucumán) está abierto un serio conflicto de poderes, aunque en distinto estado de cocción.
En ambos casos, las lucha política entre los gobernadores y sus vices derivaron en una colisión entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Angel Maza fue tumbado en La Rioja mediante un ardid tramado por el vicegobernador, Luis Beder Herrera. Este funcionario que durante 15 años ha sido compañero de fórmula de tres mandatarios diferentes, fue acumulando atribuciones que le posibilitaron un manejo generoso del presupuesto provincial y de la Legislatura. Esa ecuación le permitió desplazar a Maza cuando el ex mandatario se disponía a encarar su cuarto mandato consecutivo. Maza no resultó una pobre víctima: con un procedimiento igual de turbio impidió la continuidad del menemista Bernabé Arnaudo.
En Tucumán se viene incubando una historia parecida. La lucha es entre el gobernador José Alperovich y su segundo, Fernando Juri. Alperovich denunció un pacto en la legislatura provincial entre Juri y el bussismo para desestabilizarlo. El vice acusó por su parte al gobernador de pretender instaurar un unicato.
El tercer ejemplo refiere a Santa Cruz, la provincia de origen del presidente Kirchner. Allí una múltiple demanda gremial fue enfrentada desde el poder provincial con repetidos actos de intimidación. Sobre 14 medios de comunicación existentes en esa región patagónica, sólo uno de ellos ventiló la protesta y un reclamo con el cual podría no coincidirse. La no coincidencia jamás podría servir para justificar aquella fricción.
Pasaron ya cinco años de la gran crisis y la Argentina sigue padeciendo casi todos los vicios institucionales que la precedieron. En las últimas semanas recrudeció de nuevo el choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Kirchner pretende el juicio político para cuatro jueces de la Cámara de Casación acusados de demorar las causas contra ex represores. El Presidente nunca fue cuidadoso de las formas institucionales y este caso no es una excepción. La Cámara es el órgano inmediatamente inferior a la Corte Suprema que nació por idea de Carlos Menem para hacer un cambio en el sistema penal que finalmente se concretó sin su participación.
Con las derogaciones de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el Gobierno permitió reabrir infinidad de juicios contra ex represores. Pero de los 253 procesados apenas seis fueron juzgados y enviados a prisión. En la Cámara de Casación hay ahora 193 recursos de apelación planteados por ex represores que demoran el inicio de nuevos juicios.
El Presidente enfrenta esa lentitud con discutibles embestidas políticas. La Justicia adopta tiempos sospechosos para resolver sus temas y fomenta la sensación colectiva de su supuesta inutilidad.
En uno y otro gesto se condensa la pobreza institucional de la nación, que no podrán ocultar ni el resplandor de la economía ni el barullo de las elecciones que se avecinan.

Cambio de gestión
OSCAR BERTONE

“Las cosas hay que hacerlas, aunque sea mal, pero hay que hacerlas”. Se supone que el impetuoso sanjuanino no proponía hacer las cosas sin planificarlas, sólo enfatizaba sobre lo peligroso que es dejar pasar el tiempo en la gestión pública.
Suponiendo (sólo suponiendo) que existen buenas intenciones del gobierno provincial de perfeccionar los proyectos, es imperdonable que habiendo detectado los problemas, las soluciones posibles, las obras necesarias y los recursos suficientes, hayamos sufrido otra vez el bajón anímico y material de ver amontonados a miles de ciudadanos indefensos en los centros de evacuación después de las lluvias.
El castigo del cielo fue ciclópeo, pero no impredecible. Es contradictorio que los mismos que sostienen la existencia de un todavía no probado cambio climático, al mismo tiempo no muevan un dedo para prevenir las catástrofes que se derivan de ese discurso tan difundido mediáticamente.
En general Rosario soportó bien el diluvio. Si hubiera ocurrido hace quince años, con la débil infraestructura de contención que tenía la ciudad, el desastre habría arrojado a los galpones de refugiados a decenas de miles de personas. En la capital de Santa Fe hay problemas estructurales más graves, pero no imposibles de atacar.
Las obras que se necesitan dentro del territorio provincial son variadas, pero de escasa repercusión en las finanzas públicas, sobre todo si las comparamos con el costo social que genera la falta de prevención.
¿Qué son 28 millones de pesos, comparados con la posibilidad de recuperar centenares de hectáreas de tierras urbanas para que decenas de miles de personas puedan aspirar a vivir más dignamente? ¿Qué costo significan 2 millones, si podemos con ellos garantizar, como nos dicen, una información veraz sobre el comportamiento de los arroyos y ríos que periódicamente nos angustian?
Esas son las cifras con las que se podrían domar el amenazante arroyo Ludueña y sus canales secundarios y poner en marcha un sistema automático de vigilancia del comportamiento de los ríos que se tornan periódicamente peligrosos por la variación de volúmenes y velocidad de agua que desplazan (ver artículo en este número).    
Si se dispone de los fondos desde hace años para hacer las obras, la irresponsable demora en ejecutarlas hace sospechar que no es el celo perfeccionista el que provocó el retardo, sino las especulaciones políticas y las famosas estrategias electorales, que quieren hacer coincidir los tiempos de los comicios con las fotografías al lado de las topadoras en los obradores.
En ese marco, discutir si los servicios de contención y los reflejos solidarios de los peronistas de la provincia son más eficaces que los de los socialistas de la municipalidad, es de una obscenidad insanable.
Las actitudes de un periodista porteño, ensañándose contra el municipio por no haber destapado las alcantarillas a tiempo (cuando no existen las alcantarillas en los barrios que se inundaron) y destacando la eficiencia del estado nacional para acudir en auxilio de Rosario sólo podían leerse como una tonta operación de prensa destinada a salvar la ropa de un funcionario designado en su momento por el gobierno central para administrar las obras que la provincia nunca ejecutó. Su cabeza seguramente rodará a pesar de los esfuerzos mediáticos del asalariado movilero.
La precipitación de agua tuvo dimensiones bíblicas y sus consecuencias hicieron aflorar otra vez el desánimo y el descreimiento del ciudadano hacia quienes tienen delegado el poder de enfrentar los problemas que genera un clima subtropical. Y entonces cruje todo el sistema institucional. Al fin y al cabo la gente de esta provincia está acostumbrada a ver llegar el agua, desde arriba y desde los ríos.
A lo que no debe acostumbrarse es a la especulación política y a la falta de gestión. Estos no son tiempos de seguir esperando.