Veinticinco años después
EDUARDO VAN DER KOOY

La democracia argentina de hoy es producto de la derrota militar en Malvinas. Quizás resulte doloroso –lo es– aceptar ese precepto veinticinco años después de producida la recuperación de las islas y la guerra posterior a ese precepto. Pero las crisis sucesivas (1989 y 2001) y la ordinariez institucional dan como nunca sentido a aquella percepción y también al repaso de esa historia.
Tampoco aquel dolor debería empalidecer otras consecuencias valiosas que, para el orden interno, desencadenó el fracaso de las Fuerzas Armadas. Nunca la Argentina gozó, aun con sus altibajos, de un ciclo tan prolongado de libertad política. Nunca se alcanzó a valorizar como ahora el respeto de la dignidad humana. Tampoco se afianzó tanto la conciencia colectiva en el afán de establacer una nítida frontera entre la política y la violencia.
Aquella mirada se apoya sobre hechos objetivos y en ningún caso aspira a subestimar las acciones de muchos de los dirigentes de la época que habían comenzado a presionar a la dictadura para una salida electoral.
Los comicios que de modo sorpresivo coronaron a Raúl Alfonsín se llevaron a cabo 14 meses después de la rendición en las Malvinas. Ese período tan extenso trasuntó una sola cosa: la endeblez de un sistema político que debió aceptar ciertas condiciones de la dictadura humillada para que las urnas, a contramano de lo que había vaticinado Leopoldo Galtieri, volvieran a ver la luz.
En ese momento las Fuerzas Armadas ya sobrellevaban una carga insoportable.
El mundo sabía del genocidio ejecutado en el país. La economía se había derrumbado. La dictadura sufría un aislamiento internacional, con su peso específico disminuido hasta la nada. La sociedad había cancelado el último crédito abierto que disparó el resplandor de la reconquista de las islas.
Pero no habría que olvidar algunas cosas para comprender el tránsito entre la derrota y las elecciones que devolvieron la vida. La conducta popular incidió porque aquel alarde de precario patriotismo estuvo también acicateado por la falta de confianza en una dirigencia política que pretendía volver después de la debacle de la década del 70 que abrió las puertas al sangriento golpe militar. La propia dirigencia vaciló: en la multipartidaria (peronistas, radicales, intransigentes, desarrollistas y democristianos), hubo dirigentes que se dejaron llevar por el impacto emocional de la supuesta gesta malvinense; muchos de los sindicalistas que el 30 de marzo de 1982 habían participado de una protesta nacional en demanda de “Paz, Pan y Trabajo”, que dejó un muerto, empezaron a cabalgar el 2 de abril junto a la aventura militar. La historia reconoce la existencia de sucesos hijos de la casualidad: pero reconoce mucho más hechos labrados, conciente o inconcientemente, por las conductas de las sociedades.
Detrás de esta discusión se extravía, demasiadas veces, el destino de las islas Malvinas. Ese destino estará por muchas generaciones, quizás definitivamente, ligado a las consecuencias de una guerra que desafió a Gran Bretaña y a la OTAN.
La Argentina retrocedió con esa guerra varios casilleros en el tablero de las negociaciones internacionales. Se hundió aquel célebre progreso que había logrado en la ONU el canciller Miguel Angel Zavala Ortiz, durante el gobierno de Humberto Illía, con la resolución 2065 que reconoció por primera vez la existencia de una disputa sobre soberanía. La propia dictadura había dado otro paso, en ese sentido, durante una ronda de consultas en Nueva York en 1977.
Alfonsín llevó la peor parte en los inicios de la democracia. Así y todo consiguió armar un encuentro bilateral en Berna que fracasó cuando el gobierno intentó dialogar sobre los derechos soberanos de nuestro país. Alli se frenó cualquier iniciativa. Carlos Menem reanudó, con buen criterio, relaciones con el Reino Unido rotas a raíz de la guerra. Pero su política exterior en ese tema se consumió en una década tratando de seducir a los kelpers para que participaran de una negociación.
El default del 2001 volvió a condicionar el diálogo con Londres. Esas relaciones mejoraron con la renegociación de la deuda. El gobierno de Néstor Kirchner mecha una política de malvinización interna con otros gestos que sirvan para romper el hielo con Londres.
Mas allá de los vaivenes políticos que rodean al conflicto histórico más saliente de la Argentina, queda como saldo, 25 años luego de la guerra, una conclusión: las Malvinas parecen haber dejado de ser la herencia divina que unió, una tras otra, a muchísimas generaciones de argentinos.

Lo decíamos, era la vivienda nomás
OSCAR BERTONE

Por fin, en blanco sobre negro, el intendente de Rosario enfocó entre las prioridades para el desarrollo, la falencia número uno que desde Rosario Express vinimos señalando incansablemente: la ciudad no puede aspirar a un crecimiento cuali cuantitativo sin una fuerte política de viviendas.
Las palabras pronunciadas ni bien empezó el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Municipal son indicadoras: “Cuáles son entonces las prioridades: en primer lugar, una agresiva política de construcción de viviendas populares y de urbanización de asentamientos irregulares, adaptando el modelo del Plan Hábitat, con el objetivo de proveer 25.000 soluciones habitacionales en los próximos cinco años”, propuso Miguel Lifschitz. 
No pasó inadvertido que en el párrafo siguiente centró las esperanzas de que semejante anuncio sólo podrá ser cumplido si hay cambio de signo político en el gobierno provincial, al decir: “Esperamos con enorme expectativa que el próximo gobierno provincial asuma el desafío de trabajar junto a los municipios y al  nacional para resolver …la carencia de una vivienda y de un hábitat digno para una porción importante de nuestra población”. El intendente abundó sobre datos que, a pesar de las cifras en juego, no parecen lejos de la realidad de las economías estatales de hoy. 
Para Lifschitz, la mega iniciativa representa una inversión de 450.000.000 de pesos por año en tierras, infraestructura, viviendas y recursos humanos.
“Parece una cifra inabordable e imposible de alcanzar…sin embargo, si pudiéramos contar con las 5.000 unidades anuales del Plan Federal de Viviendas que el Gobierno Nacional le asignó a Rosario y que el Gobierno Provincial orientó hacia otros sectores sociales…esa cifra disminuye en $250.000.000, si además le pudiéramos sumar otros planes nacionales existentes para compras de tierra y dotación de infraestructura y el propio aporte del municipio, el monto anual que se requeriría se reduce a menos de $100.000.000. Ello representa aproximadamente el 1 %  del presupuesto de la Provincia de Santa Fe y bastante menos que el superávit previsto para éste año. ¿No sería ésta una excelente inversión de ese superávit?”, desafió el intendente.
Fue la apocalíptica granizada del 11 de noviembre la que reveló el estado de indefensión de muchos rosarinos, pero meses antes de ella, Rosario Express había señalado en varios artículos de investigación que si había una mora del estado, incluyendo el municipal, era precisamente la lentitud con que se manejaban las soluciones habitacionales, más flagrante aún cuando año tras año se van acumulando superávits fiscales.
Como la palabra precede a la acción, es un avance que se haya verbalizado el problema, aunque siempre existe una brecha en los dichos y los hechos. No hay duda que un cambio de signo político puede mejorar la relación entre los municipios y el estado provincial, provocando una redistribución más equilibrada de los recursos públicos.
Pero algo le faltó al discurso del intendente. Las cosechas, que pueden llegar al ciclópeo guarismo de las 90 millones de toneladas en el país, pueden dejar a los productores un excedente de ganancias de más de 1.800 millones de dólares en Santa Fe. ¿No está en la imaginación de nuestros dirigentes estimular la inversión hacia la vivienda, mediante instrumentos financieros con las debidas garantías, de algo de esa inmensa fortuna que busca nichos para multiplicarse?
Porque cuando se habla de déficit habitacional, no sólo nos referimos a quienes difícilmente puedan pagar por ellas. Hay miles de matrimonios jóvenes, con trabajo y capacidad de ahorro y repago, que tampoco ven en su horizonte la vivienda propia.
Una política integral, también debe contemplarlos, y la ciudad que reclama desesperadamente su autonomía, debería tener el coraje de ir definiéndola desde ahora, metiéndose en estos temas, sin esperar iniciativas desde afuera y con métodos nuevos. La vivienda, además de una necesidad social también es multiplicadora del desarrollo económico.