Luces de la economía, sombras de la política
EDUARDO VAN DER KOOY

El Gobierno de Néstor Kirchner comienza este año del mismo modo que terminó el anterior. Cualquier intento de balance desemboca en una evidente contradicción: los progresos de la economía siguen siendo notables y la mejora social, aunque insuficiente, también indiscutible.
Ese optimismo se desvanece cuando se recorre la política o se quieren descubrir progresos sensibles en la calidad institucional de la Argentina.
El desempleo ya está en un dígito después de haber escalado al 25% en los momentos más dramáticos de la gran crisis. El consumo sube en casi todos los rubros y empieza a alcanzar a los sectores más postergados. El movimiento turístico de este verano marca récords. Sectores industriales clave llegan a picos de producción. El contexto internacional continúa siendo auspicioso, sobre todo para el campo que mantiene una larga disputa con las políticas oficiales. A ese contexto se agrega Australia, que tiene previsto este año -debido a los incendios forestales- invertir 3 mil millones de dólares más en nuestro país para abastecerse de materias primas.
El superávit fiscal tiene una dimensión histórica que consolida el poder del Presidente y significa un reaseguro para la economía. Aquel poder tal vez engorde otro poco cuando el Gobierno ponga en marcha el plan que permitirá a los trabajadores pasar del sistema de jubilación privado al estatal. Las arcas del Estado se robustecen.
La inflación terminó el 2006 bajo control (9.8%), aunque arrancó el 2007 con señales de alerta. La inflación es uno de los flancos débiles del Gobierno, y tiene una indiscutida veta política. Aquella tasa inflacionaria es, en sí misma, una buena noticia. Pero deja de serlo si se tienen en cuenta dos cuestiones: sigue siendo una de las más elevadas de la región junto a las de Paraguay y Venezuela; se alcanzó ese nivel porque la ley de la oferta y la demanda estuvo férreamente sujetada.
La oposición insiste con esa anomalía y el Gobierno responde de la peor forma.
La ministra Felisa Miceli, con la venia de Kirchner, cesó a Graciela Bevacqua, la responsable de medir la inflación del INDEC. Ahora la oposición tendrá  mejores argumentos para cuestionar al poder, y en ese terreno la información pública perderá, sin dudas, credibilidad.
El INDEC es el más importante centro de estadísticas del país. Es un organismo técnico del Estado y no del Gobierno. Debiera resguardar la mayor independencia y no estar influido por las necesidades del poder político de turno. Ahí asoman las flojedades políticas.
No han sido, desafortunadamente, las únicas. El país se conmovió en vísperas de fin de año con el secuestro de Luis Gerez. Después de dos días apareció. El shock fue potenciado por la desaparición anterior del albañil Jorge Julio López, cuyo paradero se ignora desde hace más de cuatro meses. Ambos son testigos en causas ligadas a los juicios por violaciones a los derechos humanos.
La historia del secuestro de Gerez parece cada día menos clara. Inundada de intrigas y sospechas. Kirchner utilizó la cadena nacional de televisión cuando todavía se creía que el obrero de Escobar estaba en cautiverio. Una vez que fue liberado, todas las voces oficiales se llamaron a silencio. Otra vez se impuso el signo de la sospecha.
La trama de Gerez fue sepultada por los pedidos de detención de la Justicia contra Isabel Perón a raíz de los crímenes cometidos por la Triple A. Argentina asiste a una revisión del terrorismo de Estado. Los ex represores empezaron a desfilar por Tribunales. Y está bien que así sea.
El terrorismo de Estado no prescribe, y es punible según el derecho internacional. La acción de las bandas guerrilleras no lo es. Pero la discusión no debería pasar por allí.
El país merece una revisión pública de su pasado de violencia más allá del castigo que pueda caerles a unos y a otros no. Y en ese debate, la responsabilidad del Gobierno es sustantiva. Pero el Gobierno, también por intereses políticos, por ahora miraría aquella revisión apenas con un solo ojo.

Los límites de la pelea
OSCAR BERTONE

Que la salud pública es una cuestión de estado no se discute. Y si la discusión política de momento hace perder de vista las cuestiones de estado, no sirve, espanta a la población, compromete el futuro y el presente y genera incertidumbres difíciles de remontar.
El año empezó con un incidente en la nueva Maternidad Martin, un lugar que fue presentado frente a la sociedad, que lo aceptó inmediatamente, como un ejemplo de prestación de un servicio público elemental: la salud materno infantil (ver nota desde página 56).
Seguramente nadie podrá aclarar por qué se taponó una rejilla que estaba sellada con tornillos, generando un anegamiento en las cañerías que derivó en un accidente de proporciones nada menos que en la sala de Neonatología, una de las más críticas, porque contiene a los pacientes más débiles. Se dejó sentada la denuncia pertinente, pero nadie, con los ánimos serenos después del tremendo susto, puede asegurar cómo se produjo el gravísimo accidente.
Suponiendo la peor de las hipótesis, como puede ser la de un daño intencional por algún tipo de venganza personal de un irresponsable, fueron más graves aún que el supuesto acto de sabotaje, las reacciones posteriores de muchos protagonistas de la política que, lejos de cerrar filas en torno a la salvaguarda de un bien común, saltaron a los medios a “fijar posiciones políticas”.
El gremio municipal, algunos medios, las autoridades sanitarias provinciales y sectores del área de salud municipal, se abalanzaron sobre el hecho con especulaciones cada vez más distantes de una actitud elemental de defensa de la vida de los niños que podrían haber sido gravemente perjudicados por el accidente-incidente.
El hecho coincidió con la saturación de la guardia de Hospital del Emergencias Clemente Álvarez por la falta de atención que se produjo en toda la red ante el traslado de la guardia del Hospital Provincial.
Frases apocalípticas como “Esto se debe a la falta de personal (el gremio)”, “Si la Municipalidad no puede hacerse cargo de la salud nos hacemos cargo nosotros (la ministra de Salud provincial)”, “Alertamos que en la Martin llueve mierda (anónimo textual),” discurrían por radio y televisión en vivo, generando un debate ficticio entre Municipalidad y Provincia, inspirado en la secular costumbre mediática de producir discusiones al aire entre funcionarios, sin advertirles primeramente cuál era el objeto de la convocatoria periodística.
De este modo, la población tardó varias horas en descubrir que en realidad estaba escuchando un debate de campaña política sucia, más que la preocupación común de la dirigencia frente a un hecho terrible: se podría haber producido una infección intrahospitalaria con consecuencias gravísimas a los niños internados en un edificio recién inaugurado. 
Si esto que pasó a comienzos del año es sólo un aviso del tipo de discusiones políticas que vamos a presenciar de aquí en más, habrá que prepararse para espectáculos de bochorno.
Deberían entender todos los protagonistas de esta historia que, pase lo que pase en los comicios de septiembre, hay bienes intangibles que deben preservarse porque forman parte de un acervo que cuidada y trabajosamente los rosarinos conseguimos atesorar como valores; la salud infantil es uno de los primeros.
Si esto no se aprende, la lluvia de detritus puede ser impiadosa, y salpicar a más de un provocador.