La política produce inflación
OSCAR BERTONE

No puede pasar inadvertido. Es probable que ésta sea la única provincia donde se desató un ajuste de las tasas y los servicios públicos, que afectará seguramente, si las mediciones son correctas, el nivel del costo de vida.
La municipalidad, que esgrime el argumento real del ahogo presupuestario al que la somete el gobierno provincial, arrancó con el ajuste de las tasas. Pareció una señal: detrás de ella vino el aumento de las tarifas domiciliarias de la Empresa Provincial de la Energía y un 35% en la tarifa de los servicios de agua y sanitarios.
Si bien se podría hacer un análisis por separado, y tientan las comparaciones entre servicios razonables que se prestan por un lado y la crónica ineficiencia del estado santafesino en todo lo que administra, el ingreso fijo del asalariado no distingue; sólo sabe que este año arrancó con aumentos de tarifas, además del de los precios generales.
Frente a los millones de pesos inactivos que se acumulan en las cuentas públicas provinciales, y las proyecciones que hablan de un fuerte incremento de recaudación, la pregunta de rigor se desliza con una lógica cartesiana: ¿Para qué quiere el Estado tanto dinero?
Ensayemos una respuesta: Dejemos de lado la posibilidad de devolverle a Rosario aunque sea una parte de lo que se le extrae mes a mes, porque la miopía política del peronismo no permite ese razonamiento por más que históricamente, y a futuro mediano y largo, esa actitud la paga contundentemente en las urnas. Así se maneja desde hace años y así se seguirá manejando.
Más complejo es entender las razones de los aumentos en servicios de agua potable y energía. Si la empresa de aguas se retiró de la concesión porque no estaba dispuesta a pagar las inversiones mínimas para garantizar el abastecimiento de agua, la salida a la encerrona no puede solucionarse regalándole dinero al gremio y a las comunas que quieren participar de la conducción de la nueva empresa estatal, y pidiéndole al cliente que pague tarifas más altas.
Si la empresa –como se argumenta– estará manejada por el estado ¿por qué éste no invierte el capital necesario para dar un buen servicio y después lo cobra al cliente? ¿Se va a pagar un mejor servicio o vamos a subsidiar al gremio y a los municipios amigos, mientras recaudamos casi el 70% de los recursos por tarifa en Rosario?
La misma lógica corre para la EPE. Disfrazado como aporte especial para obras, se sobretarifó el consumo domiciliario con el argumento de que hay que comprar insumos y fortalecer la red de distribución. ¿No entra en la cabeza de los que deciden la posibilidad de capitalizar a la empresa para que tenga más capacidad de abastecer la demanda que crece incesantemente y, con la mayor venta, obtener más recursos?
Discutibles porque han fracasado en otras épocas los esfuerzos del gobierno nacional por contener los precios mediante acuerdos con empresas, presuponen una voluntad férrea de frenar el amenazante proceso inflacionario. En ese sentido, las pautas que fija el Presidente, quien ha tomado la causa como la cuestión número uno de su gestión, implican un no rotundo al ajuste de las tarifas de servicios públicos.
Por aquí no parece que se haya tomado nota del problema; ha optado por aumentar todo. En el fondo está la política, el criterio de seguir manejando las empresas de servicio como “cajas políticas” que no deben abandonarse al enemigo. Nunca un acceso a la información sobre los problemas, jamás la posibilidad de un control por parte de los usuarios que pagan, siempre con la angustia de no saber si vamos a tener agua o energía eléctrica suficiente, sin cloacas en la mayoría de los barrios y con un superávit de recursos obsceno para los tiempos que corren.
Es la política, mal entendida, la que más colabora en estos rumbos, con el proceso inflacionario.

Cuando las aguas bajan turbias
POR EDUARDO VAN DER KOOY 

El conflicto planteado por la instalación de dos empresas productoras de papel en la margen oriental del río Uruguay debería ser analizado para su verdadera comprensión desde dos perspectivas. Una focal: refiere al pleito político y social que se suscitó entre dos naciones y gobiernos afines, el de Néstor Kirchner en la Argentina y el de Tabaré Vázquez en Uruguay. Otra global: apunta al dilema que plantea a las naciones con una elevada deuda social el equilibrio entre el desarrollo y la preservación del medio ambiente.
Kirchner y Tabaré están obligados a destrabar el litigio, porque es impensable que ambos países hipotequen su relación bilateral y arrojen más incertidumbre sobre una región volcánica como es hoy el Cono Sur. Deberían recurrir con premura a la imaginación y a la audacia.
Los dos dejaron llegar el problema a este punto por conveniencias políticas. Tabaré congeló cualquier posibilidad de discusión en su primer año de mandato porque no quería provocar fricciones con un gobierno vecino al que necesitaba. Kirchner se movió con desidia y no prestó debida atención al conflicto que empezaba a incubarse abstraído, quizás, por el proyecto de las elecciones legislativas que ganó el año pasado.
La instalación de las papeleras es un negocio de impacto para Uruguay. No sólo representa una inversión millonaria y la chance de un salto cualitativo en un país habituado hace décadas únicamente a la producción primaria y los enjuagues financieros: también significa la posibilidad de generar empleos, aunque más en el corto que en el largo plazo.
Esa realidad no alcanza para justificarlo todo. No hay garantías fehacientes, más allá de un informe del Banco Mundial, de que las plantas papeleras no produzcan contaminación en las aguas del rio que envuelven la costa de la ciudad de Gualeguaychú, en Entre Ríos.
Aunque convendría no mirar únicamente la paja en el ojo ajeno. Es cierto que Uruguay progresó de modo unilateral con el proyecto y no reparó en la cantidad de normas regulatorias y los tratados internacionales que ambas naciones tienen suscriptos en torno al río Uruguay. Pero no es menos cierto que la Argentina pone ahora el grito en el cielo porque el negocio de las papeleras mudó a la orilla vecina, luego de haber sondeado sin suerte la posibilidad de instalación en la costa entrerriana.
América Latina –y otras zonas postradas del mundo—tiene una necesidad urgente de cancelar sus monumentales deudas sociales. Y lo hace, habitualmente, de la manera que puede. Con precariedad. Sin reparar en legislaciones ni en el cuidado del medio ambiente. Hay una realidad en ese sentido incontrastable: la Argentina, por ejemplo, ha paliado su enorme crisis de empleo generando trabajo informal, trabajo en negro, irregular.
Lo que podría ocurrir en el río Uruguay con las papeleras nadie sabe si no sucede ahora mismo en el lecho del propio Paraná, aguas arriba y abajo de Rosario. A la altura de Lima existe la central nuclear de Atucha en desuso, con una tecnología vetusta y muchas incógnitas sobre las auténticas condiciones de seguridad.
La contaminación ya está en el río Reconquista o sobre el Río de la Plata, en el grueso cordón industrial del sur bonaerense. Tampoco nuestro país es el único pecador: los índices de toxicidad abruman la atmósfera de Santiago de Chile –no sólo por su perfil geográfico– y las aguas del río Mapocho. Se trata del modelo económico e institucional más alabado de estos tiempos. La polución encierra a San Pablo y avanza en vastas zonas del río Amazonas. La misma problemática atañe a Venezuela con el Orinoco.
El conflicto entre la Argentina y Uruguay, entonces, debería servir para abrir los ojos. A los dos principales actores de esta hora crítica y a todos los países de la región. Antes de que sea tarde. El desarrollo debería apuntar siempre a mejorar la calidad y el bienestar de los pueblos. Nunca a empeorarlos.